Una investigación internacional encendida por la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos involucra directamente al entorno cercano de Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, en una presunta red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según una nota publicada por el medio Acceso Libre, las investigaciones apuntan a que Vanessa Ochoa Mendoza, media hermana del alcalde, figura como titular de una cuenta en el banco ABN AMRO en Países Bajos, donde se habría detectado el ingreso de millones de dólares de procedencia sospechosa.

Agencias estadounidenses habrían rastreado nexos con el narco desde 2021

De acuerdo con documentos citados por Acceso Libre, la DEA y el ICE comenzaron a seguir en 2021 una pista financiera que vinculaba a personas del entorno de Bonilla con operaciones del CJNG, en el contexto de una red transnacional de lavado de dinero. Las cuentas detectadas fueron investigadas como parte de una carpeta activa del Grupo de Investigación de Corrupción Extranjera.

En 2022, un informante clave alertó sobre movimientos financieros irregulares ligados a una figura de confianza del alcalde. Para 2024, las autoridades lograron confirmar que Vanessa Ochoa Mendoza manejaba sumas millonarias supuestamente relacionadas con el CJNG.

Bonilla bajo presión política: silencio frente a las acusaciones

Hasta ahora, el alcalde Marco Bonilla no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, ni se ha deslindado de los movimientos financieros de su media hermana. El silencio ha generado críticas entre actores políticos y sociedad civil, quienes exigen claridad y rendición de cuentas.

El medio advierte que aunque Bonilla no ha sido formalmente acusado, la colaboración de personas cercanas a él con redes criminales pone en duda la integridad de su administración y reaviva cuestionamientos sobre la presencia del crimen organizado en las estructuras del poder local.

Las autoridades estadounidenses continúan documentando evidencias. Mientras tanto, la opinión pública en Chihuahua sigue cuestionándose:
¿Puede una ciudad hablar de seguridad cuando su alcalde está presuntamente rodeado de redes criminales?

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